Los contratos petroleros que rigen desde hace 20 años, cuando el país abrió las puertas a la inversión extranjera para la exploración y explotación hidrocarburífera, expiran.

El primer contrato de participación del bloque 7, de la francesa Perenco, termina en 2010, y en 2012 el del bloque 16, del consorcio hispano-argentino Repsol-YPF.

Repsol ha comunicado al Ministerio de Minas y Petróleo su deseo de negociar una posible extensión del contrato hasta 2018, fecha en que concluye la obligación de transportar el crudo que produce el bloque por el oleoducto privado OCP.

Perenco no tiene ese problema porque el crudo lo evacúa por el oleoducto estatal transecuatoriano. Según la Ley de Hidrocarburos, al término de los contratos, las instalaciones se revierten al Estado sin coste alguno.

El titular de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, ha preguntado qué sería más beneficioso: que la infraestructura pase al Estado y Petroecuador administre los campos, o prorrogar los contratos para que las compañías realicen nuevas inversiones y sigan operando.
Sostiene que si se está trabajando en recuperar la capacidad de extracción de crudo de Petroproducción y en el fortalecimiento financiero de Petroecuador, “tener estas nuevas obligaciones generará una carga administrativa y de recursos adicionales”. Por lo tanto, opina que es más conveniente negociar y prolongar sus plazos. En caso contrario, ha dicho que el país tendrá la ventaja de que finalicen los contratos y los bloques se reviertan.

Pero de darse la negociación, Chiriboga asegura que ésta será transparente y económicamente beneficiosa para Ecuador, y lejos de una visión política. “La única será la del Estado frente a sus recursos naturales, soberana y nacionalista y con la participación del sector privado”, ha dicho.

Para el consultor Iván Heredia, el propio contrato señala que el plazo se extenderá siempre y cuando en el último año se encontraran reservas importantes o la contratista proponga un plan de inversiones.