Entre las políticas del Plan Decenal aprobadas en la consulta popular, consta la obligación de incrementar cada año en un 0,5% del PIB los recursos para la enseñanza, de tal modo que para 2008 correspondería que alcancen al 4% del PIB. Esa disposición implica mantener el equilibrio presupuestario con sujeción a las reglas macrofiscales para no excederse en el gasto.

La oficina de la Unicef en Quito, al monitorear la Pro forma de este año, señaló los problemas estructurales que revelan una enorme falta de equidad, como los subsidios a los combustibles y la energía eléctrica, la fragmentada y desigual política salarial con aumentos recurrentes y excesivos, la operación del sistema público de pensiones que mantiene problemas de financiación en IESS, ISSFA e ISSPOL; las preasignaciones que limitan el manejo fiscal, ciertas exoneraciones y la evasión tributaria…

Afrontar estos problemas posibilitaría cumplir el mandato de la consulta para el incremento de los fondos para la educación, sin sobrepasar los techos del gasto.

Pero ese incremento exige también como contrapartida la evaluación del mejoramiento de la calidad de la enseñanza y la rendición de cuentas en relación a las mejoras que se logren con más fondos para la educación.