El estatuto para la elección y funcionamiento de la Asamblea Constituyente estableció el financiamiento estatal de la publicidad electoral, con el positivo espíritu de que conseguir una competencia electoral en condiciones de igualdad.
Es evidente que la desigualdad no favorece la construcción de la democracia. Por ello, el estatuto señala que el financiamiento se realizará “en condiciones de estricta igualdad y equidad”.
La prohibición de financiamiento privado de la publicidad y de dádivas como forma de campaña busca evitar lo que ha acontecido en anteriores campañas en las que el millonario manejos de recursos financieros por parte de algunas candidaturas ha generado evidentes desventajas para otras que no tienen, en parecida medida, esos recursos. Se busca que la competencia democrática no se convierta en puro márquetin. Para salvaguardad la participación en condiciones de igualdad, la Misión de Observadores de la OEA pidió que se vedara la publicidad oficial, en el período de campaña.
Sin embargo, el Gobierno se ha aprovechado no solo de esa publicidad, que se ha desplegado de forma constante desde el inicio mismo de su mandato, sino cuenta con la ventaja de los incesantes recorridos presidenciales. El presidente de la República aparece directamente en los spots publicitarios para inducir al voto por la lista del movimiento del Gobierno.
Por esos caminos se ha generado una competencia desigual, que no favorece la verdadera expresión democrática.