Entre los primeros pesan sobre el ex mandatario la matanza de 15 personas en Barrios Altos, en Lima, y el asesinato y desaparición de nueve estudiantes universitarios y un profesor en La Cantuta. Otras acusaciones son por corrupción durante el ejercicio de su Gobierno entre 1990 y 2000, que creó un siniestro mecanismo de chantaje y abuso del poder con Vladimiro Montesinos.

Resulta una prueba de fuego para la Justicia peruana sujetar al debido proceso al ex gobernante, y actuar con independencia y sin interesadas dilaciones. Fujimori cuenta aún con una amplia base de apoyo político, y los votos de los diputados de su partido son necesarios para el APRA, el partido del presidente Alan García.

La extradición de Alberto Fujimori, después de casi siete años de permanencia en el Japón y dos en prisión domiciliaria en Chile, ha polarizado la opinión en el Perú entre opositores y partidarios.

Los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad tienen la posibilidad de reclamar una justicia que hasta ahora se les ha negado. La recta actuación de la Justicia peruana debería ser un precedente ejemplar contra todo abuso autoritario y dictatorial en América Latina.