Las barreras nacionales al sector comercial han cobrado ya protagonismo internacional. El FMI ha culpado a la falta de liberalización que sufre este sector del “10% del paro nacional”. O lo que es lo mismo, que 216.000 desempleados podrían encontrar un puesto de trabajo si se eliminasen las trabas al desarrollo e implantación de las empresas que operan en el sector comercial.

El informe del Fondo -elaborado antes de la llegada de Rodrigo Rato al puesto de director gerente del FMI- escoge como resumen de las prácticas que están enturbiando el desarrollo del sector el último informe sobre comercio elaborado hace un año por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Un estudio que denunciaba los recelos de las comunidades autónomas a la ampliación del número de festivos en los que pueden abrir los grandes y medianos comercios, y las dificultades burocráticas que imponían las administraciones territoriales a la concesión de licencias a las grandes superficies.

El FMI alerta, además, de que el impacto de estas restricciones comerciales se ha convertido ya en uno de los factores que impiden el control de los precios en España. En concreto, “una décima de la actual tasa de inflación [del 3,4%, según la primera estimación oficial para mayo] está provocada por la falta de liberalización del sector”.

El informe concluye que los efectos perniciosos de las barreras se dejan notar con especial virulencia en las comunidades autónomas que mayores restricciones imponen al sector. “Los costes son claramente mayores en Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco”, subraya el informe.

La advertencia del Fondo llega en un momento especialmente delicado en España. El panorama legislativo comercial puede verse notablemente alterado a la vista de las intenciones del ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, de reducir de doce a ocho el número mínimo de festivos en el que las comunidades autónomas deberán permitir la apertura de las grandes superficies. Pese a que la regulación del comercio es una competencia autonómica, la norma actual exige a los Gobiernos territoriales que legislen un mínimo de doce festivos como días de posible apertura de los grandes comercios.

Montilla quiere tener en la calle su ley de recorte de festivos -anunciada ya en el programa electoral del PSOE- antes de acabar el año. Y la gran mayoría de las comunidades -a excepción de Madrid, Murcia y Galicia- se han apresurado a mostrar su deseo de recortar el número máximo de festivos en que podrán abrir las puertas las grandes superficies hasta igualarlo con la cifra mínima que baraja el ministro: los ocho festivos al año, lo que supondría la pérdida de cuatro días de apertura al año en la gran mayoría del territorio nacional.

El polémico proyecto ha provocado ya declaraciones en contra del propio ministro de Economía y vicepresidente segundo, Pedro Solbes, que ha mostrado su simpatía por la actual cifra de doce festivos, “un número que ha demostrado estar funcionando bien”, según sus propias palabras. Y, como no, la reacción en contra de la patronal de las grandes empresas del sector (Anged), que asegura que la reforma supondría un duro golpe de graves efectos macroeconómicos.

La reforma planteada por Montilla, además, truncaría una de las grandes esperanzas del sector: el anterior Gobierno popular se comprometió a liberalizar por completo el número de festivos a partir de 2005 -tal y como plasmó en la actual ley de comercio-, avance que acabaría con gran parte de las trabas al comercio y que encaja a la perfección con las preferencias del FMI.

Trabas burocráticas que lastran el comercio
Las limitaciones sobre horarios comerciales, la arbitrariedad en la concesión de segundas licencias, el celo de los ayuntamientos a la hora de diseñar los nuevos planeamientos urbanísticos donde podrían ubicarse las grandes superficies comerciales y los diferentes criterios aplicados por las comunidades autónomas para regular el funcionamiento del mercado están provocando importantes tensiones en las empresas del sector, sobre todo entre los hipermercados y centros comerciales de grandes dimensiones, que tienen paralizado un importante volumen de inversiones y la creación de varios miles de puestos de trabajo. “Tenemos más de 50 licencias de apertura estancandas y una inversión de cerca de 1.800 millones de euros paralizada por culpa de las exigencias de algunas autonomías”, subrayan fuentes cercanas a la patronal de las grandes superficies, Anged.

Una situación a la que también se refiere el informe del FMI y que no parece tener visos de corregirse, al menos a corto plazo. La capacidad de las autonomías para diseñar su propia legislación en materia de comercio ha provocado ya la aparición de hasta 700 requisitos diferentes que deben cumplir las grandes superficies para lograr licencias en las distintas comunidades autónomas españolas.