El déficit cero dejará de ser un principio general para todas y cada una de las autonomías. Las negociaciones entre cada comunidad y el Estado y el estudio de las circunstancias particulares de cada territorio español será, en breve, lo que determine si una comunidad debe cumplir con el principio –hasta ahora obligatorio para todas las autonomías– del equilibrio presupuestario o si, por el contrario, dispone de permiso para incurrir en déficit.

Las negociaciones se realizarán de forma bilateral, “con un esquema similar al europeo, en el que cada país plantea su escenario económico y un organismo neutral [que en este caso sería el Consejo de Política Fiscal, donde tiene predominio el Gobierno] decide, dependiendo de la situación concreta el escenario presupuestario que puede tener ese país”, aseguraba ayer el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) confirmaba, así (ver EXPANSIÓN de ayer), el logro de una reforma en la Ley de Estabilidad Presupuestaria a cambio de otorgar el apoyo al PSOE para sacar adelante su objetivo de superávit para los próximos tres años y el techo de gasto de 121.000 millones de euros para 2005.

José Luis Rodríguez Zapatero conseguía, así, su ansiada aprobación del escenario presupuestario y ERC lograba poner en la mesa una proposición no de ley, firmada por el PSOE, en la que se aclara que se habrá de “configurar el objetivo de estabilidad [déficit cero], de modo que se entienda como una estabilidad a lo largo del ciclo”. El ciclo coincidirá, con toda probabilidad, con el periodo legislativo (cuatro años), según aclararon el Ministerio de Economía y Hacienda y ERC. Pero, además, el nuevo concepto de estabilidad “deberá permitir a cada comunidad autónoma fijar el objetivo anual en función de sus necesidades específicas”. O lo que es lo mismo: que no todas las comunidades tendrán el mismo objetivo de déficit.

Por si la frase no es lo suficientemente explícita, el siguiente párrafo de la proposición de reforma explica que “no se podrán vulnerar las competencias de estas administraciones [autonomías y ayuntamientos] en la política presupuestaria, y en su caso, las competencias de las comunidades autónomas en materia de tutela financiera de las corporaciones locales”.

Fuentes del Grupo Socialista explicaban ayer que la suma de estos dos artículos supone que “se definirá el objetivo presupuestario después de negociar con cada autonomía y de tener en cuenta baremos como el esfuerzo fiscal que realiza cada territorio para contribuir al sostenimientos del resto de autonomías”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Puigcercós, aclaró que “se exigirá un estudio al Ministerio de Economía en el que se muestre cómo contribuye cada comunidad al conjunto del sistema, pero que, por el momento, las balanzas fiscales elaboradas por Funcas [Fundación de las Cajas de Ahorros] pueden dar una idea del esquema a seguir”. Las balanzas de Funcas son un estudio de los territorios que pagan y que reciben del sistema de solidaridad nacional. Y señalan a Madrid, Cataluña, Baleares y Navarra como los contribuyentes netos del sistema. Todas ellas pasarían a disfrutar de una mayor flexibilidad en la exigencia de déficit cero. Las receptoras netas de dinero (ver gráfico adjunto), por el contrario, no encontrarán en este argumento un balón de oxígeno.

Las dificultades para hacer frente a determinados problemas –como puede haber sido el Prestige o la sanidad catalana– también se aceptarán como factores a tener en cuenta para suavizar el rigor del déficit cero. De nuevo, Cataluña figura entre los beneficiados.

Pero lo que esta reforma no supondrá es una relajación general de la exigencia de estabilidad presupuestaria. Es más, para los tres próximos años, la exigencia será de una décima, dos y cuatro, respectivamente, de superávit. Algo que “es bueno y que debe servir, precisamente, como colchón para etapas de menor crecimiento económico”, aclaró Puigcercós.

La reforma sirvió ayer para que el PSOE contase, también, con los votos a favor o con la abstención frente al plan presupuestario para 2005-2007 de PNV, IU y BNG. Votaron en contra PP y CiU.

CiU y el Senado
Pero donde necesitará más apoyo Rodríguez Zapatero será en el Senado, donde necesita del apoyo de CiU para sacar adelante su superávit. Los convergentes, sin embargo, ya han insinuado la posibilidad de sumarse al PSOE en la Cámara Alta. Eso sí, a cambio de que se respete “la soberanía financiera de las comunidades”, algo fácil de aceptar, puesto que ya aparece citado en la proposición de ERC y PSOE bajo la expresión “no vulneración de las competencias autonómicas”.

Esquerra se ha convertido, así, en una fuerza política partidaria de la “autodisciplina”, en palabras de Puigcercós, mientras que CiU trata de ir un poco más allá que los propios republicanos en favor de la capacidad de endeudamiento de las autonomías, para que puedan afrontar con menos rigidez sus problemas económicos. La pelea va más allá de esta reforma legal concreta. A fin de cuentas, como aseguró ayer Puigcercós, “ERC es una de las llaves políticas que abren la puerta a las reformas económicas nacionales”. CiU, en otra época, también jugó esta baza; ahora tendrá que pelear por ello.

Flexibilidad para el que más aporta
Joan Puigcercós, portavoz de ERC en el Congreso, hablaba ayer de “déficit fiscal”. Y el vicepresidente Solbes prefería referirse a este término como “esfuerzo fiscal”.

La propuesta de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, al final, hará caso a Solbes, con el objetivo de ser más comprensivo con las comunidades que realizan un mayor esfuerzo para colaborar con el resto de autonomías. Madrid y Cataluña son las líderes en esta clasificación por generosidad. En el polo opuesto, Extremadura, Asturias y Galicia ocupan los principales puestos como perceptores netos de ingresos de otras regiones.