Y es que si bien la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió del ejercicio de la acción penal, la defensa del presunto dueño del predio El Encino, Federico Espejel, impugnó de manera oficial el pasado 2 de junio la determinación del Ministerio Público Federal.

Fernando Espejel asegura a El Economista que en caso de que la PGR determine definitivamente el no ejercicio de la acción penal en contra de López Obrador, se ampararán y utilizarán cualquier recurso legal que esté a su alcance con la finalidad de hacer respetar la ley.

Así, la salida política que pretende dar el gobierno federal al desacato en que incurrió López Obrador no es la última palabra, y se puede decir que la suerte del exjefe de gobierno capitalino depende del presunto dueño del predio El Encino.

El ministro jubilado, Juventino Castro y Castro, comenta a este periódico que "este problema tenían que haberse resuelto en el terreno del máximo tribunal. Pero nunca participó y en cambio se involucró la PGR, que no tiene nada que hacer legal ni jurídicamente".

"Su opinión del no ejercicio de la acción penal, que pareció en principio desorbitado, con esta decisión permitió que entrara en orden todo lo establecido legal y jurídicamente hablando".

Castro y Castro considera que la decisión adoptada generó descontrol y suspicacias porque se ha perdido la "cultura de la legalidad", y es en ese punto donde se debe poner énfasis para que la ciudadanía y opinión pública en general asuman las consideraciones en sus justas dimensiones.

Políticamente, caso resuelto
Académicos y politólogos aseguran que el tema ya no está en primer plano y hasta cierto punto es intrascendente para la realización de las elecciones presidenciales del año entrante, a pesar de la polémica que desató; lo que derivó, incluso, en un enfrentamiento directo entre el gobierno federal y el de la ciudad de México, así como en la elite política del país.

Los entrevistados coinciden en que por poco deja sin posibilidades de participar a López Obrador como candidato presidencial, pero ahora el caso está cerrado y no tendrá impacto alguno en la renovación de la silla presidencial del 2006.

Sin embargo, los presuntos dueños del predio El Encino, Promotora Internacional Santa Fe SA de CV, aún pueden acudir al Poder Judicial de la Federación para que Andrés Manuel López Obrador enfrente un proceso penal por el incumplimiento a un mandato judicial, al no parar las obras de construcción en dicho predio, a pesar de que lo ordenó un juez.

Además, también puede inconformarse por la decisión de la PGR de no ejercer la acción penal en su contra por el desacato y llegar a la última instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Leo Zuckermann Behar, politólogo y profesor investigador del Colegio de Investigación y Docencia Económica (CIDE), afirma que el caso de El Encino está cerrado.

Incluso, dice, sin la amenaza del desafuero y de la posible inhabilitación, López Obrador está regresando a sus niveles de popularidad y aceptación entre los ciudadanos, que tenía antes de todo este sainete.

"En ese sentido, lo que vimos es que López Obrador llegó a un techo en el desafuero y posible inhabilitación y lo que vamos a ver en los próximos meses es si puede realmente mantenerse o incluso subir en las preferencias. Se ve difícil, pero todo indica que López Obrador está regresando a sus niveles predesafuero", afirma Zuckermann.

Para Aldo Muñoz Armenta, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, el asunto de que aún no quede resuelto el caso del predio citado no impactará en las elecciones del 2006.

José Fernández Santillán, profesor e investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México (ITESM), dice que ha pasado a un quinto plano el asunto de El Encino.

Considera que el presidente Vicente Fox prefirió la salida política antes de poner en riesgo la estabilidad del país.

"Se estaba poniendo difícil el caso, pero el Presidente no violó el Estado de Derecho porque defendió al país con la salida política que dio en este caso. Políticamente, el caso de El Encino está resuelto, y López Obrador no va a ser sujeto de persecución política más adelante, por lo que no considero que influya en las elecciones", expone el Doctor en Ciencias Políticas.

El politólogo agrega que del caso del predio y del incumplimiento a la orden judicial nadie se acuerda y ahora es intrascendente.

Ahora, la suerte de Andrés Manuel López Obrador está en manos de la Promotora Internacional Santa Fe, ya que puede inconformarse contra la determinación de la PGR de no ejercer la acción penal contra el exjefe de gobierno.

Historia del caso El Encino y López Obrador
El 4 de diciembre del año 2000, la empresa Promotora Internacional Santa Fe promovió un amparo en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal por la expropiación del predio El Encino, el cual fue concedido el 14 de marzo del 2001 de manera definitiva.

Incluso, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa ordenó a las autoridades responsables: "Paralicen los trabajos de apertura de vialidades, sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado El Encino, ubicado en la zona La Ponderosa, en la delegación Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, así como para que se abstengan de bloquear y cancelar los accesos al predio de la quejosa".

Sin embargo, el 17 de agosto del 2001, la empresa interpuso ante el Poder Judicial de la Federación un incidente de violación al amparo que le fue otorgado, ya que argumentó que el gobierno de la ciudad no paralizó las labores, por lo que se declaró violada la suspensión definitiva.

Después, la PGR solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero constitucional a López Obrador para poder ejercer acción penal en su contra por la violación al mandato judicial.

Luego de tres meses de análisis, la Sección Instructora de San Lázaro envió a la Mesa Directiva el dictamen por el cual determinó ha lugar a proceder penalmente en contra de López Obrador y se citó al Jurado de Procedencia, que el 7 de abril del 2005 resolvió retirar el fuero constitucional a López Obrador con 360 votos en favor, 127 en contra y dos abstenciones.

Al ser retirado el fuero, la situación política en el país se volvió mucho más delicada, ya que López Obrador realizó el 24 de abril de este año una marcha para manifestar su rechazo ante esa decisión del Poder Legislativo.

Incluso, la tensión política llegó hasta un enfrentamiento político entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Cámara de Diputados, que terminó en dos controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar quién tiene las facultades de retirar el fuero al Jefe de Gobierno.

Pero ya no llegó a más el asunto, la ALDF retiró su controversia y falta por resolver la presentada por los legisladores federales.