No es intención cuestionar la legitimidad de los recientes reclamos provinciales o cantonales, sino rechazar la anarquía y la incivilización con las cuales se pretende abordarlos. No es admisible que intereses políticos y económicos manipulen las necesidades y aspiraciones genuinas de las provincias orientales ecuatorianas en procura de satisfacer turbios objetivos y causen perjuicios que, se estiman sobrepasarán, hasta finales de octubre, $400 millones, lo cual, sin duda terminará perjudicando a todos los ecuatorianos y, con mayor impacto, a la población pobre del país.

La forma como continuamente se maneja este tipo de problemática en el Ecuador demuestra que la credibilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la representatividad del Congreso Nacional, están sumamente deterioradas y, que actualmente, no son consideradas instituciones legitimadas para solucionar las necesidades de la población. Por otra parte, los partidos políticos que debieran guiar a sus coidearios que ostentan dignidades públicas para que orienten la opinión ciudadana y recepten las aspiraciones de sus constituyentes, están demasiado desprestigiados y debilitados como para que sean efectivos en este fin.

Sin duda, muchas de las formas de reclamo actuales se fundamentan en la historia política ecuatoriana de los últimos 10 años, donde los reclamos y denuncias en contra de los regímenes de turno han sido frecuentemente resueltos fuera del orden constituido, resultado en transiciones de Gobierno constitucionalmente cuestionables, pero políticamente efectivas. Estas experiencias desafortunadamente han nutrido una cultura donde el que más alborota, más desestabiliza y más reclama es él que más poder adquiere para lograr cambios, causando, muchas veces, que las necesidades coyunturales de minorías se impongan al interés público de largo plazo.

No es correcto entender únicamente a la democracia como el derecho a elegir gobernantes y a reclamar, sino, debe ser concebida como un estado de convivencia humana para su desarrollo sustentado por instituciones y sistemas que velan tanto por los derechos como por el estricto cumplimiento de las obligaciones de una nación. Por tanto, el Gobierno debe mostrar mano dura y liderazgo al momento de respetar y hacer respetar las leyes, y los ciudadanos debemos comprender que las leyes no pueden ser interpretadas acorde a conveniencias coyunturales, por más legítimas que sean las aspiraciones o reclamos del momento. Si el Ecuador no fortalece sus instituciones democráticas y mejora la representatividad y reputación de sus sistema político, las apremiantes necesidades del país continuarán manipuladas por el populismo político y por poderes mafiosos, conduciendo al país hacia la anarquía y perennizando su subdesarrollo.