Un cálculo conservador entre 2000 y 2004 refleja pérdidas totales de $2 103 millones; y solo para el fisco, $585 millones. El análisis para cuantificar el contrabando comparó el registro de importaciones en el Ecuador y las declaraciones de exportaciones en ocho países.

La corrupción aduanera es un problema crónico que no lo resuelven ni los gobiernos ni los congresos ni la Policía ni las autoridades de control.

El estudio de los industriales propone una reforma en la administración, legislación, regímenes especiales y en la técnica aduanera.

La ineficaz administración entorpece los trámites, dilata el tiempo de desaduanización, crea condiciones favorables para la corrupción, causa perjuicio a los importadores y al consumidor porque los costos de la demora en la salida del producto se cargan al precio de este.

Una condición previa de la reforma es despolitizar las aduanas; la injerencia partidista las convierte en cotizado botín de los gobiernos y objeto de negociación partidista a la hora de formar mayorías en el Congreso. La despolitización permitirá reducir personal, una selección más rigurosa y su profesionalización; es decir, un primer paso esencial para el cambio.