Otros grupos esgrimen todavía la ingenua aspiración de refundar el país y creen que la fórmula pasa por una nueva asamblea constituyente.

Subyace en todos, en mayor o menor grado, la presunción de que la reforma política se producirá por el solo hecho de cambiar en su totalidad la Constitución o incorporar ciertas modificaciones legales. No se puede desconocer la importancia del cambio institucional, pero el problema de fondo es conseguir comportamientos políticos distintos; y este último es un proceso de más largo plazo, que no depende solo de modificar las reglas de juego institucional.

Sin embargo, por algo hay que empezar. En medio de las confusas aspiraciones de reforma política, el país se acerca a un nuevo proceso electoral. Ante este hecho, lo más cuerdo resulta procurar que el sistema electoral mejore la representación y favorezca a la gobernabilidad o, al menos, evite las insalvables pugnas entre el Congreso y el Ejecutivo.

Cualquier nueva regla electoral no servirá de nada si el control de su aplicación se halla, como en la actualidad, en manos de un Tribunal Supremo Electoral y de tribunales provinciales bajo el dominio de los partidos políticos. En teoría, existe aceptación de la fórmula de cambio: separar las funciones de ejercer la justicia constitucional y de administrar los procesos electorales. La primera puede estar en manos de una sala especializada de la propia Corte Suprema de Justicia o de una corte electoral independiente. En la organización de las elecciones, se requiere una entidad técnica, en la cual participen los partidos por medio de veedurías que vigilen la transparencia y neutralidad de los procesos electorales.

Se ha propuesto como fórmula para mejorar la calidad de la representación la elección de diputados por distritos electorales: cada provincia se dividiría en un determinado número de distritos según el número de electores. Con esta modalidad, se piensa en una relación más personal entre el representante y el grupo de representados, pero la objeción más seria a ella es la aguda fragmentación que introduciría en el Congreso este tipo de elección, fácilmente manipulable por caciques locales y más negativa aún si ya no se eligen diputados nacionales.

Mejorar la calidad de la representación implica obligar a los partidos a una democratización interna, que posibilite una mejor selección de candidatos, los cuales deben cumplir condiciones más rigurosas para aspirar a la representación.

Otro cambio clave de la reforma electoral es el de la financiación de los partidos y el gasto en propaganda electoral. ¿Cómo conseguir una equitativa presencia de los candidatos en los medios de comunicación? ¿Cómo ejercer un verdadero control del gasto en las campañas electorales y poner topes a este? ¿Cómo evitar la corrupción por la vía de los aportes económicos a los partidos políticos, más grave aún si existe el riesgo de que se introduzca dinero del narcotráfico? Respuestas equilibradas y prácticas a estas preguntas ayudarán a mejorar la calidad de las elecciones.